El hecho tuvo interés por dos razones: un jugador de Atlético sufrió un robo y fue la misma víctima la que se interesó en conseguir resultados más rápido. Mientras la Policía avanzaba con la pesquisa, el futbolista contrató a un equipo de investigadores para que lo ayudara a esclarecer el ilícito. Lo que parece extraño en este caso es legal, siempre y cuando los hombres que realicen esta tarea no interfieran con el accionar de la Policía y de la Justicia ni vulneren los derechos de los acusados.
El miércoles 6 de julio, Matías Orihuela dejó estacionado el vehículo en el que se trasladaba en la avenida Presidente Perón para realizar un trámite en una inmobiliaria que está ubicada en el Open, Yerba Buena. Según las imágenes tomadas por la cámara de seguridad de un local, un joven, que habría utilizado un inhibidor de alarmas para anular el cierre centralizado del auto de la víctima, y se apoderó de U$S 1.000 y $200.000 que tenía en la guantera. “Quedó claro que me persiguieron hasta ese lugar. Hasta había comprado una torta que no la tocaron, se llevaron una torta de dinero”, explicó el lateral en una entrevista con LG Play.
Los hombres de la Brigada de Yerba Buena investigaron el caso. Al día siguiente de que la víctima realizara la denuncia, ya habían analizado el video que había registrado el delito y descubrieron que el hecho lo había cometido una persona que se movilizaba en una Toyota Hilux blanca. El viernes 8 descubrieron que ese automóvil estaba a nombre de un tercero (el titular es una persona sin recursos para tener ese bien y está trabajando en Chaco) y averiguaron quién era su verdadero dueño. El 9 de julio solicitaron al fiscal Pedro Gallo autorización para allanar dos domicilios en la capital tucumana.
En medio de la feria judicial, un juez ordenó que se realizaran las medidas el martes al mediodía. Los policías se presentaron en el domicilio de Iván Segovia, donde secuestraron un pantalón mostaza, un camperón negro, la ropa que tenía puesta el autor del robo en el momento del hecho. También allanaron la casa de su novia, Sabrina Pasarín, al sospechar que podía haber elementos de importancia para la investigación.
Pasarín es hija de Mario Pasarín, un hombre que fue detenido por tráfico de drogas, y que recibió una condena de tres años condicional por haber provocado el accidente que se registró en San Martín y José Colombres en el que murió Rodrigo Carrizo el 9 de julio de 2019. También fue novia de Daniel “Pipa” Robles, condenado por el secuestro de Margarita Toro e integrante de “La Inimitable”, la barra brava de Atlético. Sabrina es una confesa hincha “decana” y viajó a Brasil para alentar al equipo cuando disputó la Copa Libertadores.
Confusión
Minutos antes de que se realizaran los allanamientos, Orihuela revelaba en la entrevista de LG Play cuáles eran los pasos que había decidido dar. “Los policías me dijeron que ya tendría novedades, pero al no haberlas recibido, puse a trabajar a mi equipo”, detalló. “Le decimos ‘Los Simuladores’. Avanzaron más rápido, pero de ninguna manera interfirieron con el trabajo de la Policía ni de la Justicia”, añadió.
El futbolista también aclaró que mantuvo contactos con el secretario de Seguridad de Yerba Buena, Mauricio Argiró. “Se solidarizó conmigo y se puso a disposición de mi equipo para lo que necesitaran”, explicó.
El funcionario desmintió tajantemente la versión que dio a conocer Orihuella. “Primero creo que sus declaraciones fueron imprudentes porque podrían haber arruinado el trabajo realizado. Después hay que confiar en el trabajo que realiza la Policía en Yerba Buena. La Brigada, como la fuerza en general, están trabajando muy bien”, señaló Argiró.
El jugador de Atlético no quiso revelar quiénes integran el equipo de investigadores que trabajan para él. Fuentes judiciales dijeron que podrían ser miembros de la barra brava o policías en actividad que están vinculados al club de 25 de Mayo y Chile.
Marco legal
Por este caso surge una gran pregunta: ¿es legal que la víctima de un ilícito investigue el caso? “El nuevo código procesal penal establece que todas las partes pueden presentar pruebas para llegar a saber la verdad. Ya no es exclusividad del Ministerio Público Fiscal producir pruebas. Todo esto tiene que ver con el empoderamiento que le da el digesto a la víctima. Es más, puede hacerlo sin haber asumido el rol de querellante”, señaló el abogado Aníbal Paz. “Normalmente lo hacen porque desconfían del trabajo de la fuerza o de la Justicia”, añadió.
El abogado José del Río coincidió con su colega, pero agregó otras cuestiones: “con el nuevo código todas las partes pueden hacer sus propias investigaciones, incluso los acusados. Pero para que tenga validez legal, todos los resultados de esa investigación paralela deben ser volcados al expediente para que todos sepan qué es lo que hicieron o cuáles son las evidencias que encontraron”.
“En España, por ejemplo, los investigadores privados también son considerados como auxiliares de la Justicia”, agregó Del Río.
“El problema que se puede dar es quién controla a esos investigadores. ¿Habrá un ente que los regule como sucede con las agencias de seguridad? Es todo un debate”, se preguntó Argiró.
Tanto Paz como Del Río aseguraron que las investigaciones privadas, como la de este caso, en la que no se conoce la identidad de los investigadores contratados ni cuáles de las pruebas que recolectaron no tienen validez y pueden generar la nulidad del proceso. “El fiscal, que de alguna manera ordena el proceso, hasta puede citar de oficio a la víctima para que informe quién es la persona que está desarrollando el trabajo y qué resultados consiguieron”, comentó Paz.
Ambos profesionales señalaron que el límite de las investigaciones privadas lo dan los derechos y garantías individuales de las personas. “No pueden realizar intervenciones telefónicas ni allanamientos sin previa autorización de un juez. Tampoco, salvo que sea en flagrancia, pueden aprehender a una persona”, concluyó Del Río.
Opiniones
Los vecinos polemizaron por el caso
“Eso sucede porque la gente dejó de creer en la Policía y en la Justicia. Espero que se pongan las pilas para que esto no suceda más en esta ciudad”, explicó Luciana Fuentes, vecina de Yerba Buena. “Puede ser que sea legal, pero aquí en Tucumán puede pasar cualquier cosa. Si hay personas que son capaces de arruinarse la vida matando un ‘choro’, qué tipo de investigación puede realizar un particular”, añadió la mujer que salía de tomar una clase de gimnasia. “Puede ser que ese jugador esté muy desesperado, quizás le robaron los ahorros de su vida, pero tampoco me parece que no confiar en la Policía y hacer una cosa así sea la solución. Con ese criterio, la carrera de investigación privada será el boom laboral de la provincia”, ironizó Fernanda Toledo.
La noticia del robo que sufrió Matías Orihuela corrió rápidamente por esa ciudad. “Me parece perfecto que los ciudadanos hagan lo que no hace el Estado. No importa que se excedan, lo que importa es que los tucumanos puedan recuperar la tranquilidad que se perdió hace mucho tiempo”, comentó Julio Martínez mientras tomaba un café en un bar de la avenida Presidente Perón. Su amigo, Hernán Álvarez, esperó que terminara de hablar y reflexionó: “no le lleve el apunte. Mi hermano del corazón es uno de los tantos tucumanos que creen que la violencia se acabará con más violencia. Mucha gente murió en este país para vivir en un Estado de Derecho y ahora somos los mismos ciudadanos que queremos destruir eso. Acá, la única solución es que se haga lo que dice la ley y si la ley está mal, como ciudadanos, debemos exigir que se las cambie, no salir a cometer más delitos”.
“Me parece perfecto que haya una norma que permita a la víctima colaborar en la investigación. El nuevo código es una herramienta muy útil para los tucumanos. Una amiga sufrió hace poco un robo. La hablaron para que testifique en la audiencia y ella, al principio, no quería hacerlo Le dijimos que debía presentarse porque era fundamental para el caso. Y así fue. La contuvieron, la protegieron y sus palabras sirvieron para que el ‘choro’ termine en la cárcel”, relató Fernánda Benítez, propietaria de un comercio.